DE ACUERDO CON EL AUTOR, ANTIGUO TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CDMX, NO HAY RAZÓN JURÍDICA ALGUNA PARA QUE EL EXPROCURADOR ESTÉ PRESO
Lo que se está haciendo contra Jesús Murillo Karam es de una perversidad extraordinaria.
Encarcelado bajo cargos de delitos gravísimos, sin prueba alguna, se han acumulado en su contra acusaciones cuyo efecto podría ser el de una ejecución de tracto sucesivo. Murillo está delicado de salud y varias veces en su reclusión ha tenido que ser hospitalizado. Lo están matando. Murillo está preso por dar a conocer lo que denominó, con una expresión propia de los procesalistas, “la verdad histórica”. Se le detuvo bajo el señalamiento de que “torció” la verdad para encubrir un crimen de Estado —la desaparición y seguramente el asesinato de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero—, pero el propio presidente de la República y Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión de la Verdad creada para echar abajo la versión de Murillo, han reconocido que los autores del crimen masivo fueron delincuentes coludidos con autoridades locales guerrerenses:
¡la versión de Murillo! Se le detuvo acusándolo de que encabezó reuniones en las que se fraguó una narrativa falaz sobre los hechos, pero Omar García Harfuch ha dicho que las reuniones en las que él participó fueron para organizar la investigación y la búsqueda de las víctimas.
Si no se le cree a García Harfuch, tendría que correr en la lógica de la Fiscalía General de la República, la misma suerte que Murillo.
En uno de sus últimos informes, Encinas rectificó convenientemente: las juntas en que se ideó la verdad histórica no fueron en las que estuvo García Harfuch sino otras efectuadas en Los Pinos.
Las acusaciones contra el exprocurador son grotescas:
a) Contra la administración de justicia. También tendría que estar preso Alejandro Encinas por llegar a la misma conclusión que Murillo, pero además tendrían que haber estado presos centenares de exprocuradores cuyas hipótesis sobre casos a su cargo no fueron del agrado del presidente en turno.
En el comunicado del 29 de septiembre de 2023, la actual CNDH (chatarrizada, como la caracteriza Carlos Marín) cuestiona, en su afán de desvalorar las confesiones de los inculpados, la aplicación del Protocolo de Estambul —guía elaborada por más de 75 expertos de 15 países para la valoración médica y psicológica de personas posiblemente torturadas— a los acusados. Pero de las 72 quejas presentadas sólo se acreditó tortura en nueve casos. Ni el GIEI ni la representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México aplicaron el Protocolo a quienes se quejaron de tortura. Sólo lo hizo, bajo rigurosos procedimientos a cargo de peritos en medicina y psicología forenses, la todavía autónoma CNDH.
La tortura es inaceptable, pero tanto los acusados que la sufrieron como los que no fueron torturados coincidieron sustancial
mente en el relato de lo ocurrido en el basurero de Cocula, concordando su versión con la expuesta, por supuesto, libre de toda presión por El Pajarraco a visitadores de aquella CNDH. La Comisión actual no dio a conocer con qué elementos desvalora los protocolos aplicados por la anterior CNDH.
b) Tortura. Si se torturó a nueve inculpados, no hay imputación ni indicio de que el exprocurador hubiera ordenado la tortura. El delito cometido por un policía de investigación no hace responsable a su superior jerárquico si no se demuestra que éste la ordenó o la consintió.
c) Desaparición forzada. Una acusación delirante: ni siquiera los testigos colaboradores han mencionado a Murillo como responsable de la desaparición ni de los normalistas ni de persona alguna. La acusación por las cuatro horas transcurridas entre la detención del presunto sicario Felipe Rodríguez Salgado y su presentación ante el juez es un chiste infame. Ese delito se comete cuando se priva de la libertad a una persona, se niega su detención y se oculta su paradero por semanas, meses, años, no por cuatro horas. Además, no hay prueba de que Murillo hubiese ordenado la dilación. Si se castigara a los procuradores por los abusos de sus policías perpetrados sin su anuencia, todos serían castigados.
Por otra parte, no hay razón para que Murillo no esté en prisión domiciliaria, pues cumple con los requisitos que la ley exige para que se le conceda el beneficio: más de 75 años, enfermedades graves y en esa condición no hay riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia.
El verdadero motivo por el que Murillo está preso es que logró en sólo cuatro meses, como procurador general de la República, esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos y seguramente asesinados.
En lugar de que ese mérito fuera reconocido, está siendo castigado con vileza. El candidato Andrés Manuel López Obrador hizo del caso bandera política, anatematizó la verdad histórica de Murillo y como presidente formó una comisión para llegar a otra versión. En venganza, el Presidente tiene preso al exprocurador con la complicidad de jueces de consigna.
Kafkiano: mientras muchos de los presuntos victimarios de los normalistas están libres quienes los detuvieron están prófugos o en prisión.