2024 es un año que plantea enormes retos y desafíos para el ámbito jurídico en México.
Las problemáticas que enfrentamos como país y sociedad requieren que las instituciones y los actores jurídicos adopten un papel más activo y protagónico en la atención de éstas, lo cual gravita, en buena medida, en el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho y la formación de una ade- cuada cultura de la legalidad.
Los procesos electorales que se llevarán a cabo durante este año, tanto a nivel federal como local, dan oportunidad de que se emprenda un proceso crítico y propositivo para revisar y dar respuesta a temas tan relevantes, como el que todas las personas, autoridades e instituciones en nuestro país, sometamos y encuadremos nuestra actuación en el derecho, asumiendo como una cuestión que no es negociable el que la ley se tiene que cumplir y aplicar, sin distinciones o sesgos de ningún tipo.
En este sentido, lograr una mejor y más eficiente impartición de justicia, así como ampliar el acceso a la misma, son algunos de los temas con los que abre este año y que tendrán que ser aborda- dos en la discusión que próximamente se llevará a cabo, de las propuestas legislativas que buscan reformar el Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior no es una cuestión menor, ni puede tomarse a la ligera. La existencia de un Poder Judicial fuerte y autónomo, que no esté subordinado a grupos de interés o dependa de autoridades y gobiernos, es una condición necesaria para la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho, de una auténtica institucionalidad democrática y la vigencia efectiva de los derechos humanos.
Si bien es claro que el sistema judicial mexicano enfrenta problemas fundamentales que afectan su eficacia y credibilidad, tales como fallas o deficiencias de organización administrativa, restricciones presupuestarias que condicionan su funcionamiento o, inclusive, cuestiones más graves como corrupción e impunidad, lo cierto es que cualquier reforma que se quiera llevar a cabo debe partir de diagnósticos objetivos, que busquen corregir las deficiencias del sistema, subsanar sus carencias y prepararlo para atender las necesidades futuras.
Lo primordial debe ser garantizar el libre desempeño de la función jurisdiccional dentro del marco de la Ley, en beneficio de todas las personas, sin distinción alguna. La impartición de justicia no debe ser objeto de disputas políticas o ideológicas.
En particular, en 2024 deberá prestarse mayor atención al problema de la corrupción, fenómeno que, en sus diversas expresiones y modalidades, no se ha podido extraer de la sociedad y del sistema judicial mexicano, siendo uno de los obstáculos más significativos para consolidar el Estado Constitucional de Derecho.
La revisión del actual Sistema Nacional Anticorrupción es otro tema por abordar en 2024, no sólo para propiciar que cuente con los recursos y condiciones necesarias para su operación efectiva, sino también para asegurar que las instituciones que integran su Comité Coordinador, tales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuenten con las condiciones necesarias que garanticen independencia e imparcialidad en el desarrollo de sus funciones, lo cual contribuirá a fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones.
De igual modo, los problemas relacionados con los derechos humanos demandan una atención urgente. En este rubro, lo importante no es buscar que se reconozcan a nivel Constitucional o legal un mayor número de derechos. La prioridad debe ser lograr mayores niveles de vigencia para el actual catálogo de derechos Humanos y, sobre todo, buscar que sean realmente efectivos los mecanismos de exigibilidad, protección y garantía de estos. Se necesita generar un entorno en donde los derechos humanos se puedan ejercer y sean vigentes, cuestiones que desde hace varios años se han visto condicionados en varias regiones del país, por la violencia e inseguridad que se presentan de manera cotidiana y que, hasta ahora, no se han podido abatir.
El que todas las personas en México cuenten con niveles aceptables de seguridad y que los ilícitos que se cometan no queden impunes es probablemente el mayor reto que el 2024 presenta para autoridades y gobiernos.
En este escenario, los abogados tenemos un papel fundamental. Nuestra responsabilidad va más allá de la práctica legal, abarcando la ética y la promoción de la responsabilidad social.
Somos agente de cambio que podemos contribuir significativamente a la mejora y desarrollo de nuestro sistema legal. Nuestro país debe contar con un sólido Estado Constitucional de Derecho, una adecuada cultura de la legalidad y jurídica.
Es innegable que el 2024 presenta desafíos significativos para el mundo jurídico en México, pero también se abre la oportunidad de que, como sociedad y país, nos reencontremos con la legalidad y el respeto a los derechos humanos como base de nuestra convivencia cotidiana.
En El Mundo del Derecho, queremos acompañar estos procesos y brindarle a la comunidad jurídica mexicana un lugar de encuentro, diálogo y reflexión en la construcción de este México justo y de derechos al que aspiramos.